DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Solicitan mayores controles a empresas de transporte de larga y media distancia
Gialluca advirtió que, la gratuidad está garantizada por la Ley 22.431 en relación a las personas con discapacidad inciso 22 que obviamente es de jerarquía superior al reciente Decreto 38/04 que hasta el momento no ha sido derogado.
Se solicitó a la CNRT -Comisión Nacional de Regulación del Transporte- tanto a nivel nacional como provincial y al Consejo Federal de Seguridad Vial, que se impulsen de manera urgente las inspecciones y controles necesarios sobre las unidades del transporte de larga distancia en nuestra zona y a nivel nacional, “dado que en los últimos meses han aumentado exponencialmente los reclamos y quejas de usuarios, por vehículos que sufren permanentes desperfectos mecánicos, quedándose varados en las rutas u otros lugares, a los que se le suma los incumplimientos en los horarios de salida y arribo a los diferentes destinos a los que están obligados a cumplir”.
El defensor provincial, José Leonardo Gialluca, planteó también que se fiscalice y en su caso se sancione a las empresas que no están cumpliendo la obligación del cupo para personas con discapacidad. Destacó que, la desregulación del transporte automotor para media y larga distancia, no eliminó la obligatoriedad por parte de las empresas de cargar servicios al sistema referidos a la gratuidad en los pasajes para las personas con discapacidad, es decir que este beneficio sigue vigente y no fue hasta ahora eliminado por el Gobierno nacional, por ello las empresas que nieguen este beneficio, estarán en infracción respecto a la normativa vigente y tendrán sanciones por su accionar.
Añadió que todos estos requerimientos además de buscar que se garanticen los derechos de los usuarios, tienen como finalidad maximizar la seguridad vial. En este punto, no podemos dejar de lado que en 2023 murieron 12 personas por día en accidentes de tránsito, se trata de 4369 personas fallecidas en unos 3642 siniestros, estos datos fueron publicados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en junio de este año y en el informe reconocieron que “esta realidad indica que se deben tomar medidas serias y adecuadas que tengan un sustento basado en datos confiables y precisos”.