Solicitan congelar los precios de productos esenciales por un plazo de 3 a 6 meses
La Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, formalizó una petición al actual Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y a la Secretaria de Comercio Interior Paula Español, “para que en el menor tiempo material posible en lugar de los Precios Máximos, se conforme una Nueva Canasta de Productos Básicos con precios congelados por un plazo de 3 meses, con la posibilidad de renovarla por 3 meses más”.
Al respecto el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, fundamentó dicha petición “en que los alimentos esenciales para las familias argentinas y especialmente para las del NEA, en los últimos 4 años tuvieron un incremento de más del 335% y los salarios de los trabajadores han perdido constantemente su capacidad adquisitiva”.
“Por ello-agregó Gialluca- institucionalmente consideramos que es relevante el congelamiento de celulares y televisores hasta después de las elecciones, pero la gente diariamente lo que nos reclama y pide es que los alimentos tengan precios razonables, especialmente en lo que respecta a los lácteos, aceites, carnes, cuyos valores en la actualidad son inalcanzables para la mayoría de los consumidores”.
El ombudsman consideró que, “para las empresas alimenticias de la argentina que no son muchas y abastecen a todos los canales de ventas, esto es, mayoristas, supermercados y comercios de proximidad o barriales, pueden congelar unos 150 productos por 3 o 6 meses y con seguridad por el volumen de comercialización, más la venta de todo aquello que producen y no esté regulado, continuarán teniendo importantes dividendos económicos a su favor”.
“No podemos desconocer la actual emergencia sanitaria” dijo el funcionario para acotar “y somos respetuosos de todos los sectores de la producción, pero hoy necesitamos combinar la necesidad de acceso a los alimentos que tienen los consumidores y una intervención del Estado, pues, nadie tampoco puede negarnos la existencia de abusos y cartelizaciones de precios que son llevadas adelante por determinadas empresas y aquí es donde surge entonces la resistencia a ser supervisadas”.
