Se oficializó la disolución de la Administración General de Puertos

“Las distintas medidas adoptadas por esta gestión de gobierno tienen por objeto ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan, procurando la eficiencia organizacional de las estructuras burocráticas de la administración pública nacional centralizadas, descentralizadas y de las empresas del Estado”, se argumenta en el DNU 3/2025.

El Gobierno nacional oficializó ayer la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), la sociedad estatal encargada de la administración del puerto de Buenos Aires y de la hidrovía del río Paraná, y considerada por la Casa Rosada como un “antro de corrupción y privilegios”.
A través del DNU 3/2025 quedó oficializada la disolución de la Administración General de Puertos SAU, que pasará a ser la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). En la medida publicada en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y todo su gabinete, se dispone la supresión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte.
A su vez, se crea la ANPYN en el ámbito del Ministerio de Economía, como un ente autárquico, con personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. Esta entidad asumirá el rol de concesionario de la vía navegable troncal hasta que se adjudique una licitación. Mientras que una vez que se entregue la concesión, estará a cargo de la fiscalización y el control, por sí mismo o por terceros.
La Agencia estará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario de Estado y será secundado por un subdirector ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario, en ambos casos, designados y removidos por el PEN. Los mandatos durarán cuatro años.
La nueva agencia tendrá atribuciones como la supervisión del cumplimiento de los proyectos operativos y constructivos de los puertos, la coordinación de las acciones de control entre organismos del Estado y la promoción de la inversión en infraestructura logística. También, asumirá la responsabilidad primaria en materia ambiental dentro del ámbito portuario.
La conducción estará a cargo de un director ejecutivo con rango de secretario de Estado. En ese marco, se designó, mediante el decreto 5/2025, a Iñaki Miguel Arreseygor.
Entre sus atribuciones, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación podrá:
- Regular y controlar las concesiones de obras y servicios en las vías navegables interjurisdiccionales.
- Establecer políticas generales en materia portuaria y de administración.
- Promover la asociación público-privada y la inversión en infraestructura para reducir costos logísticos.
- Ejercer el control ambiental de las actividades portuarias.
- Suspender o cancelar habilitaciones portuarias si las condiciones exigidas no son cumplidas por sus titulares.
- Asesorar a provincias y municipios que impulsen proyectos portuarios en sus territorios.
“A lo largo de los últimos años la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a sus funciones y competencias”, señala el Gobierno en los considerandos del DNU.
En ese sentido, indica que “las referidas circunstancias generan un importante costo para el Estado nacional, atento a que la citada sociedad requiere de aportes del tesoro para solventar su operatoria, a pesar de los ingresos que obtiene a través de los contratos de concesión bajo su órbita”.
“Las distintas medidas adoptadas por esta gestión de gobierno tienen por objeto ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan, procurando la eficiencia organizacional de las estructuras burocráticas de la administración pública nacional centralizadas, descentralizadas y de las empresas del Estado”, se argumenta.

Fondo Nacional de Turismo

En el Boletín Oficial de ayer se publicó también el DNU 4/2025 por el cual se prorroga la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, constituido por el artículo 24 de la Ley 25997.
“Dada su inminente caducidad, resulta necesario prorrogar el plazo de que se trata hasta el 31 de diciembre de 2027, inclusive”, dispuso el Gobierno sobre un fondo que se encuentra bajo la competencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que lidera Daniel Scioli.