OBRAS QUE AMPLÍAN DERECHOS
Primer Programa nacional de acceso al agua y el saneamiento en zonas rurales dispersas
El programa tiene como objetivo principal reducir las brechas históricas de acceso a estos servicios esenciales de quienes habitan en comunidades rurales dispersas que presentan un alto índice de vulnerabilidad sociosanitaria.
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En 2022 el Ministerio de Obras Públicas lanzó un programa para garantizar el derecho al agua y el saneamiento en zonas rurales dispersas de todo el país. Una política pública que es el resultado de un trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales en pos de una sociedad más justa.
El agua es un derecho humano fundamental y la puerta de acceso a otros derechos; no contar con acceso al agua y un saneamiento adecuados tiene consecuencias en la salud de la población y en la reproducción de desigualdades sociales. En Argentina, para el año 2020, el 20,1% de la población todavía no accedía a fuentes seguras de agua potable y un 43,9% tenía déficit en saneamiento.
En las zonas rurales dispersas, esas brechas se amplifican dramáticamente y la situación afecta al 37,6% de la población que no tiene agua potable en su vivienda y un 65,2% sin acceso a saneamiento, incluyendo un 18% que utiliza hoyos, excavación o defecación al aire libre.
Para dar respuesta a esta problemática, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH) del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Agua Potable y saneamiento (DNAPyS) lanzó en el año 2022 el Programa de acceso al agua, el saneamiento y la higiene en zonas rurales dispersas que “tiene como objetivo principal reducir las brechas históricas de acceso a estos servicios esenciales de quienes habitan en comunidades rurales dispersas que presentan un alto índice de vulnerabilidad sociosanitaria”, explica José María Regueira, director nacional de Agua Potable y Saneamiento.
El programa tiene como foco a las poblaciones que se encuentran principalmente en la región del Norte Grande, que incluye a las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, considerando el estado de las condiciones de acceso a servicios esenciales, fuentes de agua, tecnología, infraestructura y distancias.
“Este programa se lleva adelante a través de la ejecución de obras de sistemas de gestión familiar para el acceso al agua y al saneamiento seguros, a través de la colaboración y articulación con gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil”, detalla el titular de la DNAPyS.
El ámbito rural disperso es un espacio de intervención más complejo, a diferencia de otros territorios del país. A la escasez de agua se suma el aislamiento geográfico y el nivel de dispersión de las comunidades, por los kilómetros de distancia que existen entre las viviendas, lo que impide la implementación de tecnologías convencionales como las redes de agua. A su vez, muchas de estas zonas rurales presentan Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), es decir, el agua subterránea contiene arsénico en un nivel mayor al recomendado, y también gran presencia de salitres. “Para abastecerse del recurso, las personas deben acarrear el agua cientos de metros, a veces kilómetros, y hasta varias veces al día; dependen del camión cisterna municipal, utilizan un pozo y recolectan agua de arroyos, canales y ríos o procedente de lluvia, en recipientes plásticos de todos los tamaños”, explica María Hernández, ingeniera civil y coordinadora del Programa Agua en Comunidades Rurales de Ingeniería Sin Fronteras Argentina (ISF-Ar).
Desde el año 2012 esta asociación civil lleva adelante proyectos comunitarios de acceso al agua en Santiago del Estero, una de las provincias con mayores niveles de criticidad, según el mapa de vulnerabilidad elaborado por la DNAPyS.
Las particularidades de la región demuestran que el desarrollo de pequeñas obras de infraestructura domiciliaria como los sistemas familiares de captación y almacenamiento de agua de lluvia, pueden brindar acceso a estos servicios y contribuir desde la gestión estatal a la construcción de territorios sustentables.
“El almacenamiento y reserva de agua para la temporada seca es una estrategia antigua y crucial para la vida en regiones semiáridas, de modo que implementar sistemas de cosecha y almacenamiento de agua de lluvia tiene un impacto significativo en tanto responde a una práctica ya realizada por las familias”, señala María Hernández.
Los sistemas que se construyen están formados por una cisterna o aljibe de almacenamiento de 16000 litros, un techo de captación y canaletas con las que se recolecta el agua, un sistema de separación de primeras aguas y una bomba manual para extracción del agua almacenada.
Al tratarse de un esquema repetitivo y sencillo a nivel constructivo, las cisternas y superficies de captación de agua de lluvia permiten incorporar fácilmente mano de obra local a través de una metodología ágil. “Con estas obras se busca facilitar el acceso al agua en comunidades rurales dispersas, reducir la brecha de género profundizada por la falta de acceso al agua y al saneamiento y también promover la creación de empleo a través de la contratación de trabajadores de la zona”, señala José María Regueira. En este sentido, “este tipo de intervenciones presentan grandes oportunidades, ya que promueven el acceso a un derecho humano fundamental y, por otro lado, fortalecen y dinamizan las economías locales”, explica María Hernández.
La articulación entre la DNAPyS, los gobiernos locales e Ingeniería Sin Fronteras Argentina comenzó con el relevamiento de más de 1300 hogares que la asociación civil realizó junto con la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI, ahora INAFCI) en 2021, en la cual se pudo identificar la magnitud del problema y ubicar a las comunidades con altos niveles de vulnerabilidad y urgencia. “Este Programa es el resultado de todo lo que puede lograrse cuando el Estado y las organizaciones sociales se encuentran”, concluye la coordinadora de ISF-Ar.
Actualmente se está trabajando en los municipios de Real Sayana, Lugones y Herrera, ubicados en el departamento Avellaneda, al Sur de la provincia de Santiago del Estero. Con una inversión de $247.195.551, se van a construir 81 sistemas, generando un cambio significativo en la vida de 314 personas.