Movilidad jubilatoria: desde el Ejecutivo pusieron la lupa sobre el costo fiscal

Funcionarios expusieron en un plenario de comisiones del Senado. El oficialismo quiere introducir modificaciones a la media sanción que salió de Diputados. La oposición dialoguista deberá decidir si acompaña o no.

Al reanudarse el debate del proyecto de ley de movilidad jubilatoria en comisiones del Senado, funcionarios del Poder Ejecutivo enfatizaron sobre el impacto fiscal que tendría la ley en caso de aprobarse tal cual vino de la Cámara de Diputados. Por eso, la intención del oficialismo será introducirle modificaciones, y evitar así también un veto presidencial, ya anunciado por el presidente Javier Milei en referencia a esta iniciativa. 
La Libertad Avanza y sus aliados del Pro estarían dispuestos a sostener solo algunos aspectos de la ley, entre ellos la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación -que ya rige por DNU-, pero buscarían un dictamen que quite puntos tales como la garantía del piso del haber mínimo (referenciado en la Canasta Básica Total) y el artículo sobre el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales. 
El radicalismo y bancadas provinciales deberán ahora decidir si acompañarán o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta. En Diputados, el consenso había sido alcanzado entre los bloques dialoguistas -entre ellos la UCR- y la oposición más dura. La aprobación se alcanzó con dos tercios de los votos, mayoría que de repetirse en el Senado complicaría los planes de veto del Ejecutivo. Si bien lo podría hacer, ambas cámaras podrían tratar nuevamente el proyecto y, si obtiene los mismos números, el Gobierno estaría obligado a directamente promulgarlo, según el artículo 83 de la Constitución Nacional. 
En cambio, si el oficialismo junto a la oposición dialoguista acordaran cambios, el texto volvería a Diputados, donde desde Unión por la Patria ya desconfían en que bloques como la UCR mantengan la versión original. 
La discusión se retomará el martes próximo, con la intención de dictaminar ese mismo día o el miércoles, para llevarlo al recinto una semana después, el jueves 15 de agosto. Esto fue lo que planteó en el arranque la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la macrista Carmen Álvarez Rivero, que propuso que el próximo martes se continúe en una reunión informativa con expositores invitados, para un día después poder dictaminar. “Y el jueves siguiente (15 de agosto) tener la sesión y tratar el tema”, agregó.

Mayans

Al cruce salió el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, quien recordó que en la última sesión pidieron el tratamiento sobre tablas porque “la prioridad (de los jubilados) es urgente”, y consideró que el cronograma propuesto “es una forma de dilatar el tratamiento”. El formoseño acusó al Gobierno de tener como prioridad, en cambio, al “mentiroso superávit fiscal”. 
El opositor desafió entonces a “si hace falta hacer la sesión el jueves y tratarlo sobre tablas”, porque “con esta dilación nos vamos a octubre”, en referencia a cuándo la clase pasiva podría acceder a la recomposición que se propone. “No sé si están esperando que se muera una cantidad importante de jubilados para llegar al déficit cero”, lanzó e insistió: “Instamos a hacer sesión si es posible mañana mismo”. 
El presidente de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, reveló entonces las intenciones del oficialismo de introducir cambios a la media sanción. Cuando se aprestaba a enumerarlas, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio reclamó que sea después, y que se pasen directamente a las exposiciones de los funcionarios. 
Comenzó así en primer lugar Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quien dijo que no iba a entrar en la discusión sobre la necesidad de mejora de los haberes de los jubilados, sino “en el impacto que tiene sobre las cuentas públicas” el proyecto de ley. Recordó que “un objetivo importante del Gobierno es tener equilibrio fiscal este año y hacia adelante” y actualmente “no hay ninguna forma de financiamiento disponible más que la recaudación de impuestos”. 
Al momento de las preguntas, el radical Víctor Zimmermann le señaló que “no habló del aumento adicional anual” por RIPTE, el cual -según la Oficina de Presupuesto del Congreso- “para 2024 no tendría costo fiscal”. “Con la OPC no tenemos diferencias significativas”, respondió Guberman, quien asintió que “efectivamente para este año no tendría efecto, empezaría a aplicar el año que viene” y “no sería un tema tan importante como otros artículos”. Sin embargo, opinó que “no es una medida acertada, desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema, incorporar esta lógica”.