Milei propuso a Lijo y a Mansilla para la Corte, con una valla insuperable que es el Senado

El Presidente volvió a sorprender. Esta vez lo hizo para la reconfiguración que se avecina en el más alto Tribunal de la Nación, con la necesidad de cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco y con la salida que se dará a fin de año del juez Maqueda. Como dato de color hay que agregar que el nombre del Juez Federal genera una fuerte resistencia en la llamada “mayoría actual” que componen Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, puesto que se lo relaciona con el ministro Lorenzetti. Tal como lo anticipó EL LIBERTADOR en 2021, recién en 2025 la Corte volverá a tener a sus cinco integrantes en la mesa decagonal del Palacio de Tribunales. Y ello porque recién con las vacantes de Highton de Nolasco, Maqueda y de Gils Carbó la política estará en condiciones de armar el rompecabezas para juntar la mayoría calificada que exige la Constitución, algo que hoy por hoy no es improbable, sino imposible, que lleva a que la propuesta termine cayendo por el peso de la realidad.

El gobierno de Javier Milei propuso al juez Federal de Comodoro Py, Ariel Lijo y al abogado académico, Manuel José García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La nominación no fue propiciada desde el Ministerio de Justicia, en línea con el accionar, a veces inorgánico, del primer mandatario.
El primero de los postulados se dio para ocupar el lugar que dejara Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021, cuando renunció. Mientras que el otro sitial será para ocupar la vacante que dejará en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda, que llegará a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado. Una modificación de la Constituyente del 94, que fue impulsada por el ex legislador nacional del justicialismo correntino, Rodolfo Martínez Llano, quien hizo que, en el plenario de la Convención, quedara determinado que ese tope se aplicaría a los ministros que, para entonces, 1994, no estaban en funciones.
Por ello continuaron los jueces Ricardo Levene, Carlos Fayt y Enrique Petracchi, yéndose como correspondía Eugenio Zaffaroni y -próximamente- Juan Carlos Maqueda.
El caso de Elena Highton fue paradigmático. A pesar de que juró sobre la actual Constitución, promovió un amparo y obtuvo de manera amañada un fallo que convalidó su pretensión, con el agravante que, mediante “un acuerdo non sancto” con el gobierno de Macri, logró que dicho fallo no fuera apelado, quedando firme su continuidad. Finalmente terminó renunciando, ante la evidencia que sería llevada a juicio político, advertencia que le realizó el propio Martínez Llano, quien recordó que los convencionales al jurar la nueva Carta Magna -en el Palacio de San José de Flores en agosto del 94- lo hicieron “para cumplir y hacer cumplir la nueva Constitución”, circunstancia que lo habilitaba y obligaba a que la cláusula que él mismo logró modificar no fuera burlada por la Jueza que hasta lo último intentó conservar el cargo no sin antes hacer una voltereta en el propio Tribunal al plegarse al golpe de timón interno que llevó al descabezamiento de Lorenzetti, a la cual respondía hasta entonces Highton.
De esta manera, el Poder Ejecutivo inició el proceso de designación de los postulantes, que incluye una instancia de opiniones públicas y la aprobación del Senado de la Nación, donde se necesita una mayoría calificada que el oficialismo no tiene y requiere, nada menos no sólo del apoyo del kirchnerismo, sino de al menos otras dos bancadas que no lo darán de no ser en el marco de un acuerdo integral que supone poner sobre la mesa las dos vacantes de la Corte y el cargo de Procurador General.
Una empresa irrealizable por estos momentos y que sólo podrá avizorarse el año que viene, tal como se anticipó desde EL LIBERTADOR, cuando se señaló en 2021 que recién para 2025 se completarían las poltronas de la mesa decagonal del Palacio de Tribunales.
Desde entonces, la situación se modificó por la fragmentación inédita del poder que muestra el Senado de la Nación, en correlato con la política nacional. 
Lo cierto fue que pasado el mediodía de este miércoles 20, la Oficina del Presidente oficializó la propuesta argumentando “los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contentos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.
La Corte está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Cuando asumió el gobierno de Milei, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona dijo que su objetivo era proponer en febrero al procurador General de la Nación -hoy de manera interina Eduardo Casal- y en marzo al nuevo integrante el máximo Tribunal del país.
De esta manera se llegó hasta finales del tercer mes del año y el Gobierno cumplió con la moción. En la misma se contemplan dos nombres. Por un lado, Maqueda cumplirá 75 años el 29 de diciembre. Es la edad máxima que establece la Constitución para ser juez con la posibilidad de que el Senado extienda su continuidad por cinco años más. Para eso se requiere la aprobación del Ejecutivo, que con la postulación de García Mansilla marca que no propondrá a Maqueda si el juez lo pidiera. 
Este miércoles, le agradeció a Maqueda por su labor en el Tribunal y resaltó su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado. “En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como juez de la Corte Suprema de Justicia durante más de veinte años”, precisó.
En este marco, apareció el nombre del juez, Ariel Lijo, un magistrado que recoge rechazos en el seno de la mayoría actual de la Corte. Se lo asocia mucho al ministro Ricardo Lorenzetti, razón por la cual no recogería siquiera acompañamientos dentro del Palacio de Tribunales.
A ello hay que añadir el escollo de la Cámara alta, donde los números para la mayoría calificada no están ni estarán. Y, además, se debe tener en cuenta la representación femenina, que no se cumple. Desde la salida de Carmen Argibay y la renuncia de Elena Highton, el más alto Tribunal de Argentina no tiene mujeres y este no es un hecho menor. El rechazo que produce esta circunstancia lleva a un apoyo transversal en los distintos espacios políticos para preservar los dos cargos a cubrirse, para que la Corte pase a tener tres jueces varones y dos mujeres.