López Macé declaró la incompetencia del Juzgado Federal en el caso “Testigos truchos”
Tal como Diario FORMOSA lo adelantara el fin de semana pasado, la jueza federal María Belén López Macé resolvió declarar la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Formosa sobre los hechos denunciados por Martín y Gabriel Hernández en el caso conocido como “Testigos Truchos”, remitiendo lo actuado al Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional de Formosa.
El pasado 16 de septiembre se conoció la denuncia realizada por los abogados Martín y Gabriel Hernández, en representación de la UCR Formosa. La presentación consta de varias partes, una de ellas denuncia específicamente a policías de la provincia por realizar “acciones de inteligencia prohibidas”, y del mismo modo la denuncia también recae sobre el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Jorge González, cartera de la cual depende orgánicamente la Policía de Formosa, y los demás funcionarios del Gobierno provincial que autorizaron las actividades de inteligencia ilegal realizadas por personal policial.
En la justificación de los denunciantes aluden que las tareas de inteligencia ilegal consistieron en el seguimiento y recolección de información de distintos representantes políticos, gremiales y empresarios locales sobre hechos que no constituyen delitos, por lo que afirman que no se realizó “inteligencia criminal” de hechos delictivos ni tampoco medió autorización de juez competente en el marco de un proceso judicial; a su entender constituyeron operaciones de espionaje con fines políticos y económicos, utilizada posteriormente para la confeccion de distintos expedientes judiciales encuadrados dentro del artículo 205 del CP en los que intervinieron testigos no presenciales.
Por otra parte, la denuncia también habla de una “asociación ilícita” integrada por policías y particulares que fueron utilizados como “testigos plantados”, avalando procedimientos realizados por los uniformados.
En otro párrafo de la denuncia realizada por los representantes de la UCR, refieren a la marcha realizada el 9 de julio como el día en que se iniciaron las tareas de espionaje. Entre las pruebas aportadas señalan que se realizaron tareas de capturas de publicaciones en redes sociales, Facebook, Instagram y otras.
Dentro de la misma denuncia involucran al ministro Jorge Abel González, quien denunció a varias personas por “amenazas y apología del crimen”, entregando a la Seccional Primera de la Policía un CD con el registro fílmico que reproducía las manifestaciones vertidas por Quintana, Olmedo y Bravo en una transmisión en vivo desde sus respectivas cuentas de Instagram. Puntualizaron que el ministro denunció a los jóvenes por proferir amenazas de muerte hacia su persona y por motivar a terceros a cometer delitos e incitar a la violencia contra el denunciante y demás miembros del Gobierno Provincial.
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Resolución
La jueza federal María Belén López Macé resolvió declarar la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Formosa sobre los hechos denunciados por Martín y Gabriel Hernández en el caso conocido como “Testigos Truchos”, remitiendo lo actuado al Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional de Formosa.
“Es así como respecto a la presunta conducta ilícita de personal policial provincial y/o de funcionarios administrativos provinciales, no caben dudas al respecto de la incompetencia federal para la investigación de los supuestos delitos llevados a cabo por los mismos”, resolvió la jueza López Macé.
“Considero que el artículo 205 del CP no resulta per se un delito federal –indicó- ya que el legislador no le asignó de manera expresa tal carácter, toda vez que no responde a un exclusivo interés federal, tratándose de un ilícito común, cuyo bien jurídico protegido es la salud pública, sancionando a los individuos que violen las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente, la cual como dijéra preliminarmente es una competencia concurrente en este caso entre nación y provincia”.
Al referir la denuncia, por un lado a la actuación de funcionarios provinciales, y por el otro a conductas en infracción al artículo 205 del CP (en concurso real con otros delitos en algunos casos), entendió que la misma debe ser investigada por la justicia provincial, en concordancia con lo postulado por el Ministerio Público Fiscal.
El fiscal federal, doctor Luis Benítez, solicitó la incompetencia sosteniendo que “no se avizoran intereses federales comprometidos, pues si bien las causas penales a las que aluden los denunciantes se iniciaron por infracción al artículo 205 del CP –algunas en concurso con otros delitos- por violación al aislamiento dispuesto, los hechos que las motivaron fueron cometidos en el territorio de la provincia y sus efectos se produjeron en él, sin involucrar otra jurisdicción”.
Los denunciantes pidieron ser querellantes en la causa, por lo que se espera que la denuncia pase a la Cámara de Resistencia, tal como lo declarara Gabriel Hernandez al Diario FORMOSA, lugar donde ser resolvió la mayoría de los casos presentados contra la provincia, desde el inicio de la pandemia.
