La Fiscalía Federal pidió que se declare la incompetencia de la Justicia Federal en el caso de los Testigos Truchos
El 16 de septiembre pasado los abogados Martín Hernádez y Gabriel Hernández realizaron una denuncia ante la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, donde denunciaban a la Policía de la provincia por realizar acciones de inteligencia prohibidas, la denuncia también se extendía al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, y demás funcionarios que autorizaron las tareas de inteligencia ilegal.
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Según confirmó el Dr. Gabriel Hernandez a Diario FORMOSA, denunciante y querellante, ellos entienden que las tareas de inteligencia ilegal consistieron en el seguimiento y recolección de información de distintos representantes políticos, gremiales y empresarios locales sobre hechos que no constituyen delitos, por lo que afirman que no se realizó inteligencia criminal de hechos delictivos, ni tampoco mediante autorización del juez competente en el marco procesal judicial, a su entender «fueron actos de espionaje con fines políticos y económicos”.
En cuanto a los testigos truchos, Hernández aseguró que la información colectada fue posteriormente utilizada en distintos expedientes judiciales en el ámbito de la Justicia Ordinaria por infracción al artículo 205 CP en los que intervinieron testigos no presenciales y plantados.
Por su parte, el Fiscal Luis Benites, de la Fiscalía Federal N° 2, pidió que se declare la incompetencia de ese Juzgado Federal ante estas denuncias, argumentando que todos los hechos denunciados ya constan en causas del ámbito provincial.
En diálogo con nuestro medio, el Dr. Benítez, argumentó que lo expuesto por los denunciantes se refiere principalmente a un desempeño de funcionarios de la órbita provincial, de la administración pública y la de vecinos y particulares. Por lo que consideró que Formosa es un gobierno autónomo con facultades propias de legislación. Por otra parte, señaló que es la Justicia Ordinaria la encargada de juzgar los incumplimientos de las medidas sanitarias dispuestas, por lo que no se advierten intereses federales comprometidos, porque las causas penales dispuestas en el artículo 205 CP fueron cometidas en el territorio provincial sin perjuicio de otras jurisdicciones.
También, el fiscal argumenta que la Justicia Federal no puede intervenir ni cuestionar el procedimiento realizado por miembros de la Policía en la confección de actas de infracción al DNU de aislamiento obligatorio.
En síntesis, todo lo denunciado corresponde exclusivamente y debe seguir en la Justicia Provincial.
Al respecto Gabriel Hernández manifestó que en caso de que el juez Federal dé lugar a la presentación realizada desde la fiscalía, ellos como querellantes llevarán el caso a la Cámara de Resistencia, lugar donde se resolvieron todos los casos denunciados desde el inicio de la pandemia, tales como el ingreso a Formosa llamado “los varados” o también los casos de hacinamiento en los centros de aislamiento preventivo.
