La Defensoría del Pueblo insiste con una tarifa eléctrica diferenciada para zonas cálidas

El defensor del pueblo de la provincia de Formosa, volvió a insistir ante la Comisión de Energía y Combustibles, en su pedido de una tarifa diferenciada de energía eléctrica para la región Norte Grande, basando su pedido en los altos consumos que se realizan en épocas de verano para mantener refrigerados los hogares.

Desde de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, solicitaron formalmente a la actual presidenta de la Cámara de Diputados de Nación Cecilia Moreau y al presidente de la Comisión de Energía y Combustibles Santiago Nicolás Igon, así como también al ministro de Economía, Sergio Massa, que “frente a los anuncios del próximo Gobierno nacional, que asumirá a partir del 10 de diciembre, según los cuales se mantendrán los subsidios a las tarifas de energía eléctrica pero, se eliminarían impuestos, lo cual ha sido rechazado por las empresas generadoras y transportistas, entendiendo estas últimas que con este esquema no les alcanzaría para recomponer sus ingresos y que además, ya fue aplicado en su momento en la provincia de Buenos Aires por la ex gobernadora María Eugenia Vidal”, que en estas tres semanas que restan y frente a las altísimas temperaturas que se vienen produciendo en todas las jurisdicciones del Norte Grande, que comprende a las regiones del NEA y NOA, lo que conlleva a un “necesario uso intensivo de splits, ventiladores, entre otros equipos para refrigerarse y descansar adecuadamente”, se trate y apruebe una “tarifa eléctrica diferenciada para zonas cálidas”, que contemplen reducciones del 30 y hasta el 50% del valor de las mismas, garantizándose de esta manera el acceso a un servicio público esencial.
El defensor provincial, doctor José Leonardo Gialluca, advirtió que en el caso de REFSA S.A., el único impuesto que se incluye en las facturaciones es el 21% de IVA, a diferencia de lo que sucede por ejemplo con la DPEC en la Provincia de Corrientes, donde se incluye también el cobro del alumbrado público, situación que se repite en otras jurisdicciones.
Añadió el funcionario provincial, “que estas iniciativas obviamente afectan las recaudaciones de los distritos, pues recortan impuestos y deberían ser consensuadas con los ejecutivos provinciales”.