La Defensoría del Pueblo advirtió sobre los cambios en las Tarjetas de Créditos

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el DNU N° 70/23 introduce modificaciones en las tarjetas de créditos que vienen a afectar no solamente a los usuarios de los plásticos, sino también a los comerciantes que ofrecen este tipo de pago. Por un lado, se elimina el tope de interés que las empresas le aplican a quienes se demoran en pagar el resumen, sino que, además, quita el tope que les cobran a los comercios.

El mismo establece la eliminación del límite que existía para la tasa que se les cobraba a los comercios por este servicio, que era del 3% en las tarjetas de crédito y del 1,5% en las de débito. A esto debemos sumarle la eliminación de los topes a los intereses punitorios (los que se aplican en caso de mora en los pagos), por lo que, de ahora en adelante, quienes se atrasen en saldar el resumen o paguen el mínimo, tendrán que afrontar elevados intereses.

En particular, uno de los capítulos del Decreto 70/2023 denominado "Bases para la reconstrucción de la economía argentina" cambia una amplia serie de puntos de la Ley de Tarjetas de Crédito. El objetivo de estas modificaciones es el de reducir el poder del Banco Central sobre las sanciones a los bancos y otras emisoras de estos plásticos, al igual que quitar comisiones y multas.

Además, se permite la incorporación de nuevas modalidades de uso con tecnología digital y suprime las comisiones fijas que se cobran a los comercios. Por ende, la nueva ley de tarjetas de crédito elimina el tope de 50% de intereses punitorios que se podían cobrar como máximo sobre la tasa de financiación. Al mismo tiempo, el artículo 18 del DNU estipula que "independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses punitorios no serán capitalizables". Así, a partir de ahora los bancos podrán cobrar todo lo que quieran, sin tope alguno. La salvedad es que, aun cuando el titular de la tarjeta hubiera abonado el mínimo de sus consumos, las emisoras no podrán capitalizar esos intereses.

Advertencias de todas las Defensorías del Pueblo de la República Argentina en relación al DNU dictado por el Gobierno Nacional

Los Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina expresaron su preocupación frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretende derogar y/o modificar una cantidad inédita de leyes.

Según dieron a conocer, el carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación.

Cabe recordar que los Decretos de Necesidad y Urgencia no deben versar sobre: derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos. A su vez, plantean a los diputados y senadores la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen.

Al mismo tiempo, la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29.

En ese sentido, resulta cuestionable que el cambio normativo impulsado cumpla las condiciones de necesidad y urgencia exigidas para el dictado de este tipo de decretos; constitucionalmente previstos como una excepción. La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustancial las relaciones socioeconómicas en nuestro país.

En consecuencia, las Defensorías del Pueblo de todo el país, en tanto instituciones que tienen la misión de promover y proteger las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, exhortan a que la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de Poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos.