“Hay una decisión política de acompañar a las familias que sufren el delito de trata de personas”

Desde el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 30 de julio como Día mundial contra la trata de personas. A tal efecto, el ministerio de Gobierno, a través de la Policía de la Provincia organizó un ciclo de conferencias.

La actividad se realizó este martes en el Galpón G del Paseo Costanero y contó con la presencia de autoridades provinciales, de la justicia federal, de la fuerza policial, docentes y público en general, quienes participaron de una charla debate, a partir de las 9.

En este contexto, el ministro de Gobierno Jorge González destacó el trabajo articulado que lleva adelante la provincia no sólo para acompañar a las familias víctimas del delito de trata y enfatizó que desde el año 2009 funciona en el ámbito policial la División de Trata de Personas.

Asimismo lamentó la desaparición en el ámbito nacional de organismos públicos que “permitían hacer un acompañamiento mucho más fuerte de las víctimas de los delitos de trata” y que no contarían en la actualidad con el financiamiento adecuado.

A su vez, el funcionario valoró el trabajo articulado entre distintos organismos del Estado como los ministerios de la Comunidad, Educación, Desarrollo Humano y la subsecretaría de Derechos Humanos, realizando un trabajo integral, que no aguardó la ley nacional en el año 2008 para comenzar su tarea.

Trajo a colación que hubo distintos casos de trata que se remontan al año 2005, donde la Provincia actuó “combatiendo, resolviendo, solucionando y fundamentalmente acompañando a las víctimas de este delito” por lo que enfatizó que “hay una decisión política del Estado Provincial de acompañar siempre a las familias que sufren este tipo de situaciones, pero fundamentalmente en la difusión de los casos, en la difusión de las buenas prácticas que tenemos que tener”.

Gonzalez advirtió que lo más importante en este tipo de delitos es la difusión del caso y la solidaridad comunitaria. Valoró también el trabajo que se realiza con otras provincias, cuando se trata de ciudadanos formoseños afectados en sus derechos en otras jurisdicciones, como casos de explotación sexual o laboral.