Gialluca: “Los fallos no están firmes y desde la oposición crean falsas expectativas”
“Estamos evacuando consultas en relación a la devolución de los $5.000 abonados al ingreso, recibiremos todos los planteos que se hagan, pero por cuestiones netamente jurídicas, no garantizamos ningún resultado, puesto que, se les está creando falsas expectativas a los ciudadanos”, aclaró el defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo informó que se han recibido múltiples y variadas consultas por ciudadanos que requieren la devolución de los $5.000 que se les cobró oportunamente en su carácter de arancel de test PCR para ingresar a nuestro territorio.
El defensor provincial, José Leonardo Gialluca, aclaró que “todo esto es consecuencia de lo afirmado por abogados y periodistas, quienes, creando falsas expectativas, han enviado a la gente hacia la Defensoría del Pueblo o a contactarse virtualmente, pues, consideran que el dinero que ha sido recaudado por Rentas fue realizado de manera irregular”.
El funcionario provincial, añadió “que en principio no cree que estos equipos jurídicos o actuales precandidatos y abogados les estén mintiendo a la gente, pero sí, estoy seguro de que les están creando falsas expectativas y también la otra posibilidad es que no hayan analizado y estudiado tanto los fallos de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia – Chaco y menos aún el de la Cámara Federal de Casación Penal”.
Indicó que desde dicho organismo recibirán todos los reclamos y denuncias que quieran realizar los ciudadanos. “Pero desde ya, aclaramos que no les vamos a garantizar el resultado de estos planteos, pues, jurídicamente hay varios puntos de los que hasta ahora nadie ha hablado”, dijo Gialluca.
Por otro lado, recordó que durante el año 2020 Formosa tuvo 1 sola muerte por covid-19 y en el actual 2021, estamos llegando a los 1.000 y esto es consecuencia de no “comprender que el Estado nacional y los provinciales adoptaron y adoptan medidas con el objetivo de desalentar el movimiento de personas que origina mayores contagios y además ha instrumentado otras medidas sanitarias que fueron sometidas a test de constitucionalidad desde que se inició la pandemia por una Justicia Federal que no nos garantiza ninguna seguridad jurídica. Es por ello que, se hace necesario aclarar que: todas estas acciones plurindividuales, benefician solamente a las partes intervinientes y esto es así tanto en las sentencias de la Cámara Federal de Resistencia, como en el caso de la Cámara Federal de Casación”. Así en los fallos de la Cámara de Resistencia claramente se menciona “…hacer lugar a la acción en relación a las personas individualizadas en el marco de la acción…”.
“No existen como sostiene la Cámara de Casación Penal acciones plurindividuales con alcance colectivo. Es aquí donde, entiendo, deriva la confusión, pues en el fallo se ordena el cese del requerimiento indiscriminado del pago o sea la Cámara pretende se establezcan diferencias, pero los letrados actuantes, entienden que ya nadie debe pagar. Además, en el fallo se agrega que se deben instrumentar las medidas sanitarias en aras de salvaguardar la salud pública, vagas e imprecisas resultan esas afirmaciones pues no se ha dejado a la provincia de Formosa instrumentar ninguna medida sanitaria, pues aun las compartidas por otras provincias como el pago de los test se cuestionan solo a Formosa sin que se escuchen reclamos a otras provincias que instrumentaron el pago hace más de un año”.
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Agostina Villaggi: “Por más que la provincia apele, el fallo ya está vigente”
La abogada Agostina Villaggi aseguró que el Gobierno de Formosa tiene que cumplir el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ordena el cese del protocolo que exige el pago de $5.000 en concepto de hisopados para ingresar al territorio, y evaluó que “por más que la provincia apele, el fallo ya está vigente”, debido a que se trata de “una acción de hábeas corpus” y ese tipo de acciones “deben cumplirse de manera inmediata, más allá de la apelación”.
“Esto ya fue ratificado por distintas instancias judiciales, que le han dicho a la provincia que debe cumplir los fallos judiciales, más allá de que se intente un recurso. Lo único que le queda a la provincia es intentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano superior que está por encima de la Cámara Federal de Casación Penal”, precisó.
A continuación, la letrada relató que el equipo de abogados que integra comenzó en abril de este año, a los pocos días de la implementación del protocolo que exigía el pago de $5.000 en concepto de arancel por testeo para ingresar a la provincia, una “acción de carácter colectivo” para que beneficie a cualquier persona que quiera ingresar al territorio provincial.
“Eso tuvo su derrotero judicial. En la primera instancia, en el Juzgado a cargo de la doctora Belén López Macé, fue un fallo adverso. En ese momento, la jueza justificó el protocolo de ingreso. Dijo que la medida era ‘razonable’. Nosotros apelamos ante la Cámara Federal de Resistencia, que también convalidó el fallo de la doctora López Macé. Finalmente, llegamos a una instancia superior, que es la Cámara Federal de Casación Penal, que está en la ciudad de Buenos Aires, y que entendió que nuestros argumentos eran válidos”, explicó Villaggi.
A su vez, la abogada detalló que la Cámara Federal de Casación Penal dio la razón al planteo efectuado por el grupo de letrados de la Unión Cívica Radical al entender que “este protocolo de ingreso que exigía el pago de $5.000 era inconstitucional, porque violaba derechos fundamentales y garantías constitucionales, como el derecho a circular libremente por el territorio nacional y el derecho a la igualdad, porque solo podían ingresar a la provincia aquellas personas que podían pagar, y muchos otros derechos, como el de tener un vínculo afectivo, porque hubo niños separados de sus padres”.
“También, el protocolo afectaba el derecho a trabajar, porque la medida perjudicó a muchas personas que debían circular de una provincia a otra. Por suerte, tuvimos un fallo contundente, de alcance colectivo y que ordenó el cese inmediato de esta aduana interna. Ahora, la provincia tiene que cumplir esta orden judicial, porque es de cumplimiento inmediato”, remarcó.
