Dictado de cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito
Fernández impulsará junto a gobernadores un juicio político al juez Horacio Rosatti
El pedido de enjuiciamiento a Rosatti debe ser presentado en la Cámara de Diputados que luego será analizado por la comisión de Juicio Político, que encabeza la legisladora del FdT, Carolina Gaillard, y luego si tiene dictamen se deberá aprobar la acusación con los dos tercios en el recinto de sesiones.
El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará junto a los gobernadores un juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones, debido al dictado de una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito.
“He convocado a los gobernadores que acompañaron al Estado nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”, afirmó el mandatario a través de una carta que difundió la Casa Rosada. “También requeriremos –agregó- que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.
El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
En su carta, Fernández aseveró que “al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mí dependiera; debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”.
Sostuvo asimismo que es su deber “promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.
Además, Fernández afirmó que en los últimos meses “se ha visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina; y diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia”.
“Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”, afirmó Fernández.
La última semana trascendieron presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y el director general de vocalía de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde discuten el fallo por coparticipación y la integración del Consejo de la Magistratura, entre otros temas.
Sobre esos chats, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expresó que “no puede ser que Rosatti siga en la Corte. No puede seguir hasta que esto se resuelva; no sé si la palabra es obsceno o pornográfico, esto es un escándalo sin precedentes y es muy grave para todo el país”.
En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof había sostenido que Rosatti “no puede seguir un minuto más a cargo de este tema después de este chat”, en referencia a la causa por la coparticipación.
En la carta publicada, Fernández comunicó que le ordenó al Ministro de Justicia, Martín Soria, que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo.
Entre los chats filtrados, también hay una conversación entre D’Alessandro y el empresario Marcelo Violante, que manejaba el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad.
El pedido de enjuiciamiento a Rosatti debe ser presentado en la Cámara de Diputados que luego será analizado por la comisión de Juicio Político, que encabeza la legisladora del FdT, Carolina Gaillard, y luego si tiene dictamen se deberá aprobar la acusación con los dos tercios en el recinto de sesiones.