Exhortan a garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos y desterrar acciones violentas

Afirmaron que el diálogo y la negociación son esenciales al sistema democrático, toda vez que la confrontación es la negación misma de la filosofía de los Derechos Humanos.

Los Defensores del Pueblo del Norte Grande, emitieron un documento, mediante el cual, solicitaron que “se garantice el ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos y se destierre la violencia política”, como consecuencia de los graves hechos ocurridos en la provincia de Jujuy, donde se produjeron decenas de detenidos, entre ellos, personas discapacitadas, mujeres, menores, con una brutal represión hacia los manifestantes, trabajadores de variados sectores, docentes, empleados de la salud, estudiantes y ciudadanos en general, a raíz de la reforma constitucional que lleva adelante el gobernador Gerardo Morales que, entre otros puntos, injurió violentamente a las comunidades originarias que habitan en dicha jurisdicción.
Uno de los temas considerados como disparadores de esta lamentable situación, fue la implementación de normativas que impedían las protestas sociales o ley antipiquetes, habiéndose tomado la decisión el martes 20 -Día de La Bandera-, feriado en Argentina, de jurar la nueva Carta Magna provincial que implementaba mecanismos y vías rápidas de desalojo en los casos de ocupaciones no consentidas, dando vía libre a las multinacionales mineras que buscan las tierras de las comunidades originarias para explotar el litio y otros recursos naturales.
El instrumento fue firmado por los defensores del pueblo: el doctor Leonel Suárez, de Santiago del Estero y Presidente de ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina); junto a José Leonardo Gialluca, de Formosa; Bernando Voloj del Chaco; Agustín Payes por Corrientes; Alberto Penayo de Misiones, Javier de Bedia por Jujuy, Federico Núñez Burgos por Salta, Marcia López por Entre Ríos, Hugo Pozzi por Córdoba; sumándose también, el defensor del Pueblo de San José de los Cerrillos –provincia de Salta- doctor Manuel Mirse Casares, Juan José Cabadas e Ismael Rins defensor del Pueblo de Río.
Los defensores del Norte Grande, advirtieron que diversos estudios realizados en nuestro país, se han expedido sobre el derecho a la protesta social, entre ellos, el informe sobre el derecho a la protesta realizado por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, donde han expresado: “En las democracias consolidadas, ser sujetos de derechos no entraña una superioridad moral, sino el compromiso de vivir en una comunidad de iguales en la que los conflictos se resuelvan por el diálogo y la no violencia. La igualdad libera intereses en pugna y las demandas desnudan los conflictos que obligan al Estado a la deliberación y a la negociación para encontrar una solución.
El derecho a protestar y el ejercicio de la libertad para expresar disconformidad, indignación y para peticionar a las autoridades son un lenguaje para resolver los conflictos.
En cuanto a los cortes de rutas que confrontan derechos de quienes necesitan transitar libremente, frente al de visibilizar demandas sociales, económicas o políticas, coincidieron en reconocer que deben ser objeto de atención por parte de las autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes, dándose intervención a la Justicia en caso de corresponder, priorizándose los mecanismos de diálogos como vías centrales para superar las tensiones.
Por último, exhortaron a todos los actores sociales, políticos e institucionales a deponer actitudes que perturben la vida y la paz, para alcanzar espacios de diálogos que permitan arribar a los consensos necesarios que actualmente atraviesan jurisdicciones que forman parte del Norte Argentino.