El presidente se reunirá hoy con los gobernadores por el juicio político a Rosatti

El encuentro se realizará en la Casa Rosada. El presidente busca realizar un acto de carácter institucional para fortalecer su embestida contra el máximo tribunal.
El presidente Alberto Fernández se reunirá hoy con gobernadores para analizar los pasos a seguir en el pedido de juicio político que impulsará contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. 
A los gobernadores cercanos al oficialismo quiere sumar a los peronistas disidentes Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba) y los que responden a fuerzas locales, aunque todavía no hay confirmación oficial de asistencias.
El encuentro se realizará desde las 10 y será el segundo entre el mandatario y gobernadores desde que el máximo tribunal dictara una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito.
El pasado domingo por la mañana, antes de viajar a Brasil para participar en la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula Da Silva, Fernández anunció que la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema -también presidente del Consejo de la Magistratura- contaba con el respaldo de gobernadores.
En una carta pública difundida el domingo, en el primer día del año, el mandatario agregó además que se pedirá que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal: “He convocado a los gobernadores que acompañaron al Estado nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”.
Además, en una entrevista con C5N en Brasil, Fernández expresó su preocupación “por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la República exige tres poderes independientes; lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión de la Justicia”.

Comisión redactora

Una de las variantes que analiza el presidente es la conformación de una comisión redactora del juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Es decir, sumar a los mandatarios provinciales a la confección de un texto definitivo que deberá ser presentado en el Congreso, aunque el presidente sabe que la iniciativa no prosperará: el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de los votos por la extrema paridad que hay en Diputados.
En este sentido, la diputada del FdT Carolina Gaillard, que preside la comisión de juicio político, sostuvo ayer que la decisión de Alberto Fernández “es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para investigar el posible mal desempeño de los magistrados”, y afirmó que “el bloque del Frente de Todos tiene mayoría en la Comisión para tramitar la apertura del sumario”. De todas formas, no cuenta para su aprobación en el recinto.
“Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura”, afirmó Gaillard.
Fernández, en la entrevista concedida a C5N, dijo que “lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión de la Justicia en los otros poderes”.
Con relación a Rosatti, sostuvo que “tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso; uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho”.
“Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí, planteé que la Justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite”, afirmó el presidente sobre el pedido de juicio político, del que buscará tener el respaldo de varios gobernadores.
El conflicto de fondo está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
La resolución de la Corte del 21 de diciembre fue cuestionada tanto por Casa Rosada (Alberto Fernández primero planteó que no iba a acatarla, pero luego propuso un pago a través de bonos públicos) como por 18 mandatarios provinciales.