El Gobierno envió al Congreso la Ley Ómnibus para reformar el Estado

Privatizaciones, suspensión de la movilidad jubilatoria y eliminación de las PASO, el proyecto de ley ómnibus contiene más de 600 artículos. La iniciativa contiene numerosas y complejas modificaciones a normas vigentes: blanqueo de capitales, cambios tributarios, penas para la protesta social y hasta modificación de la composición de la Cámara de Diputados, entre otros.
El gobierno de Javier Milei envió ayer al Congreso el anticipado proyecto de ley ómnibus, que denominó de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi. Pasadas las 15, el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de hacerle entrega del proyecto en persona al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El texto, que contiene 664 artículos a lo largo de 351 páginas, será tratado durante las sesiones extraordinarias que comenzaron el martes y se extenderán hasta el 31 de enero.
Las comisiones a las que será girado el proyecto (Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores) serán conformadas antes de que termine la semana y a partir de los primeros días de enero irán al Congreso los principales ministros y funcionarios para “explicar la importancia de avanzar con estas reformas”, según dijo Menem.
El diputado no se mostró preocupado por los tiempos (solo hay un mes de sesiones extraordinarias) y reafirmó que la voluntad del oficialismo es votar el proyecto lo más rápido que se pueda.
En sus fundamentos, el proyecto señala que “Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado”. En esa línea, plantea que esta crisis se originó por “haber abandonado el modelo de la Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de Democracia Social y Economía Planificada”.
Como primera medida, el Poder Ejecutivo busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma facultades legislativas en esas materias.
Por otro lado, promueve la privatización de las empresas públicas “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”.
La reforma política incluirá la eliminación de las PASO, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando las listas cerradas.
El Gobierno también busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de “realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. No se detalla cada cuánto serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia.
En el capítulo destinado a la organización de las manifestaciones, los libertarios proponen que quienes impidan o entorpezcan el funcionamiento de los transportes (por tierra, agua o aire) sean reprimidos con 1 a 3 años y seis meses de prisión. Las penas aumentan si se utilizan armas y para los organizadores de las manifestaciones (prisión de 3 a 6 años). Además, los organizadores serán “solidariamente responsables por los daños” que tuvieran lugar durante las marchas.
En tanto, el Ministerio de Seguridad podrá “oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional” o proponer cambios.

Unión por la Patria ratificó su rechazo 
al mega DNU y a la ley ómnibus

Los diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria se reunieron con los gobernadores del mismo espacio político para ratificar el rechazo al mega DNU del presidente Javier Milei y el proyecto de ley ómnibus que ingresó ayer en la Cámara baja.
“Reafirmamos la vocación de articulación permanente para ejercer la representación política de los millones de argentinos y argentinas que se expresaron detrás de Unión por la Patria en las elecciones de octubre y noviembre”, afirmaron tras la reunión.
Estuvieron presentes los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Zillioto (La Pampa), Gildo Ricardo Quintela (La Rioja)  y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), vía virtual.
Los legisladores de Formosa fueron los senadores José Mayans y Teresa González, y los diputados  Luis Basterra, Ramiro Fernández Patri y Graciela Parola.
“Manifestamos la importancia de la unidad en nuestros espacios parlamentarios para tener una fuerza legislativa importante que sea el punto de partida para la búsqueda de consensos que permitan la conformación de mayorías en el Congreso y que deje en claro que hay otro camino en la Argentina”, señala un documento dado a conocer.
Al expresar su rechazo al mega DNU 70/2023, indicaron que “claramente avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la República; consideramos que la denominada ley ómnibus recientemente ingresada en la Cámara de Diputados ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales”.
Los legisladores y gobernadores de UxP manifestaron la importancia de la unidad en los espacios parlamentarios “para tener una fuerza legislativa importante que sea el punto de partida para la búsqueda de consensos que permitan la conformación de mayorías en el Congreso y que deje en claro que hay otro camino en la Argentina”, y ratificaron que “los gobernadores y los bloques parlamentarios de Unión por la Patria vamos a sostener el diálogo y el trabajo conjunto para evaluar cada coyuntura política como así también aunar criterios para la tarea parlamentaria en defensa de la Nación, las provincias y los municipios”