¿Gestión o Negocios?
El detrás de los juicios en contra del Estado
A través del Programa “CONOCÉ TUS DERECHOS PARA MOVERTE EN LIBERTAD”, la actual Diputada Dra. Gabriela Neme, por “Nuevo País”, partido opositor al Gobierno Provincial, se presenta ante la ciudadanía a llevar asesoramiento Jurídico bajo el supuesto velo de la gratuidad.
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Sin embargo, haciendo creer a los vecinos y vecinas que se interesa por los problemas que los aqueja, escuchándolos y empatizando con ellos, esta práctica jurídica podría esconder la verdadera intención de hacer crecer su cartera de clientes en el ámbito del ejercicio de su profesión particular como abogada o bien como miembro de un estudio jurídico donde otro profesional puede firmar las causas.
Si bien en un principio no estaría percibiendo pagos por la tarea de asesorarlos, la ganancia estaría asegurada en la captación de posibles clientes en causas que podrían reclamarse en contra del Estado Provincial.
En tal sentido el art. 2 de la Ley de Honorarios Profesionales N° 512, dispone que la actividad profesional de los abogados es de carácter oneroso, y toda renuncia anticipada deviene nula, de nulidad absoluta (art.4 Ley N° 512). Mal podría como abogada, ergo auxiliar de la Justicia, propiciar conductas contrarias a la Ley.
Además, el Estado nunca quiebra y cualquier abogado que litigue contra él, tarde o temprano, cobrará sus honorarios. Quien diga lo contrario, está faltando a la verdad.
Por otro lado, a cualquier legislador provincial le corresponde tener el deber ético de velar por los intereses del Estado, aun siendo del Partido opositor. Empero con su actuar la diputada provincial y abogada podría estar trabajando en su propio beneficio, utilizando la imagen pública que le da ser diputada provincial, utilizando el tiempo que pagamos todos -y quizá algunos de los asesores- para lograr una cartera de clientes.
Sin dudas esta situación estaría generando una confrontación entre el deber público y los intereses privados que perseguiría la funcionaria, los que innegablemente podrían influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades, ya que estaría poniendo su status público y político al servicio de su carrera como abogada, y logrando mediante su visibilización, la captación de potenciales clientes, relegando así, los intereses colectivos para lo que fue elegida por la minoría del electorado.