El caso Loan, una investigación que deja “mucha tela para cortar”

Así como va, la investigación está condenada al fracaso. Obviamente que el corto tramo temporal que la causa estuvo en la Justicia provincial complicó el objetivo central que pasa por encontrar a Loan. Un fiscal “trucho” que no podía haber intervenido, no cumplió “el rol asignado por el nuevo Código Procesal”, que es el de dirigir la investigación. No hizo acto de presencia ni dio directivas acordes a las medidas necesarias en las horas iniciales, cuando se define el resultado del accionar judicial. Tampoco fue feliz que otro fiscal provincial haya habilitado, en una jurisdicción extraña a la del hecho y estando ya interviniendo la Justicia Federal, la dependencia a su cargo para recibir -un sábado a la madrugada- una denuncia -a luces vista- “tirada de los pelos”.
No pocos fueron los que creyeron que el pase a la órbita Federal abriría mejores expectativas. En los hechos, no fue así. Estaba claro que no lo sería. Contrariamente a lo que ocurre con las normas provinciales, en este caso, fue la jueza, Cristina Pozzer Penzo quien asumió la responsabilidad de dirigir la investigación.
Ello demandaba un objetivo central que era encontrar, lo antes posible, a Loan con vida. Y obligaba a una estrategia investigativa acorde al objetivo instalado en la opinión pública que no admite más idas y vueltas.
Todo lo que se hizo, más allá de la espectacularidad de las medidas, allanamientos, pericias y otras no parecieron ir en dirección al éxito de la investigación. 
Entrar al día 38 sin Loan es la muestra más evidente.
Lo primero que sobresale es la demora en ordenar el cierre de las fronteras. Luego, la no citación de inmediato, como testigos, a todos y cada uno de los que participaron de ese almuerzo en 9 de Julio, con la orden de secuestro de los celulares, muchos de los cuales, por la demora al llegar a ser peritados, tenían cantidad de mensajes borrados.
En casos de esta naturaleza se cita, una y otra vez, a los testigos antes del paso siguiente que es la imputación. Se buscan contradicciones en esa etapa, en que están obligados a decir la verdad, bajo pena de falso testimonio. 
Y, obviamente, que los detenidos, por una cuestión básica, debían ser mandados a cárceles federales distintas. Por caso, el marino, a Salta; y la esposa, al penal de mujeres de Ezeiza, a mil kilómetros de distancia. Esta sola y elemental circunstancia contribuye a que se quiebren, tal lo ocurrido con Laudelina, a quien, si bien costó “un Perú” que fuera citada, bastó que sea mandada a Ezeiza para que comience a develarse parte de una trama con muchos capítulos.
Otro yerro de la Jueza fue el no disponer, ella misma, que todas y cada una de las declaraciones se hagan de manera presencial. Decisión obvia para estos casos donde, no es lo mismo que los sospechosos declaren “cara a cara” frente a la magistrada y los fiscales, traídos desde lejanas distancias y sufriendo no sólo el trajín del viaje, sino la presión de la propia gente de Goya y alrededores que, como la prensa, son los que “marcan la cancha” a la apatía de un sistema judicial, que juega con los tiempos para que la causa quede en el olvido.
El único que declaró de manera presencial fue Maciel. Y no por iniciativa de la Jueza, sino por el propio pedido del ex comisario. La reacción de la gente fue el mejor testimonio del interés de un pueblo por saber, como en las jornadas de mayo de 1810, “de qué se trata”. La espontánea y multitudinaria presencia popular fue la evidencia más clara de que es la gente la que está dispuesta a ponerle “los puntos sobre íes” a una Justicia que avanza en cámara lenta. Una Justicia a la que le cuesta “citar en tiempo y forma” a quienes pueden dar testimonios que contribuirían a la efectividad de las medidas de prueba que, como se dijo, sólo es la Jueza la que las determina.
Lo dicho precedentemente apunta a dejar en claro que, en la órbita provincial, los que fallaron fueron los fiscales. No tanto la Policía, como se cree, sin perjuicio de la responsabilidad comprometida de uno o dos efectivos.