Diputados: La comisión de Juicio Político avanza en la causa contra la Corte Suprema

A pedido del oficialismo, todos fueron convocados en el marco de la investigación de la causa del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Los diputados interrogarán también a cinco periodistas.
Pasada Semana Santa, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), reanudó ayer sus audiencias con testigos en el marco del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. 
A última hora se sumó entre los citados a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el marco de la causa que se aborda: el fallo 2×1.
La dirigente de derechos humanos encabeza la nómina de los convocados, que sigue con el exministro de Justicia de la gestión Cambiemos Germán Garavano, y después los periodistas Silvana Boschi, Martín Granovsky, Ignacio Miri, Irina Hauser y Luciana Bertoia.
Garavano había sido citado para la última reunión, a la que no asistió por estar de viaje, pero aclaró que estaba dispuesto a ir ante una próxima convocatoria. No es el caso de otros citados, como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri. El primero está prófugo de la justicia argentina en Uruguay y el segundo no asistió invocando sus fueros.
A pedido del oficialismo, todos fueron convocados en el marco de la investigación de la causa del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.
La intención del FdT es hurgar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

Carlotto

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados realizada ayer. Sin responder preguntas, procedió a leer un documento en el que confirmó su asistencia para “testimoniar en este proceso de responsabilidad funcional”.
“Las abuelas -indicó- venimos recorriendo tribunales hace años, antes de nuestra creación como institución. Nuestra recorrida comenzó en la dictadura y continuó en democracia hasta nuestros días. Sin embargo, pese a los auspicios esperanzador que fue el inicio del gobierno de Alfonsín y el juicio a las juntas, la sanción de las leyes de impunidad y la convalidación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron de duro golpe para las víctimas y los familiares”.
Al respecto, planteó que “en el 2017 con el fallo Muiña volveríamos a experimentar esa sensación”, pero aseguró que “aún en estos momentos de impunidad, seguimos acudiendo al Poder Judicial para poder encontrar a nuestros nietos y nos encontramos con decisiones adversas, pero que supimos respetar institucionalmente convencida de la verdad de nuestros reclamos”.
También relató que fueron a instancias internacionales que las acompañaron y “a partir de ser oídas en el exterior, pudimos construir nuevamente en nuestro país el camino de la justicia para nuestros desaparecidos; primero con los juicios por la verdad a fines de la década del 90’, y luego con decisiones judiciales que rompieron la impunidad y permitieron volver a enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura”.
En ese recorrido histórico, contó que en el 2004 la Corte con el fallo Arancibia-Clavel “nos dio una luz de esperanza que se terminó cristalizando en el 2005 con el fallo que anuló finalmente las leyes de punto final y obediencia de vida; el fallo Simón tuvo como antecedente inmediato el juicio por la apropiación de nuestra nieta Claudia Poblete cuando, habiendo sido condenado por apropiadores, quedó expuesta la insoportable impunidad de secuestradores y torturadores de sus padres y ese fue la oportunidad que encontró la Corte para reivindicarse y puso las cosas en su lugar y confirmó que el camino del sistema interamericano no había sido en vano”.