Defraudación al PAMI de Formosa: juez fijó fecha para la audiencia preliminar
El juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, Eduardo Ariel Belforte, fijó fecha de audiencia preliminar para el miércoles 16 de febrero de 2022, para que las partes involucradas en la causa por defraudación por más de 8 millones de pesos al PAMI de Formosa exhiban pruebas y testigos que luego serán utilizados en el juicio.
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En la causa José Víctor Fernández, ex titular de la unidad de gestión del PAMI en Formosa, fue procesado en el año 2016 por el ex juez federal subrogante, Juan Carlos Vallejos, por fraguar los registros de un hotel con datos falsos de huéspedes de pueblos originarios que habrían viajado a la capital provincial para recibir atención médica. De esa manera, recibían los fondos de la obra social sin realizar la prestación.
La causa se inició a finales del año 2014 por la Unidad Fiscal de Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del PAMI (UFI-PAMI), ante la denuncia de una defraudación que se habría cometido en perjuicio de la Obra Social Nacional y la sustracción de documentación relacionada con el otorgamiento de prestaciones sociales a sus afiliados, en la que habrían participado ex funcionarios de la Unidad de Gestión Local (UGL) de Formosa.
El Juzgado Federal 1 de Formosa, a cargo de Juan Carlos Vallejos, procesó al ex titular de la Unidad de Gestión Local del PAMI, José Víctor Fernández, al ex jefe del Departamento de Prestaciones Sociales Ramón Rolando Palavecino, y a la responsable del Nuevo Hotel Ideal, Clorinda Piedrabuena, en orden a los delitos de defraudación a la administración pública, violación de documentos y de los deberes de funcionario público y peculado en el caso de Fernández y Palavecino. Asimismo, el juez subrogante ordenó embargar los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de $16.000.000.
La maniobra -que había sido denunciada por la UFI-PAMI a través de cuatro presentaciones- consistió en simular el alojamiento de integrantes de pueblos originarios en un hospedaje de la capital provincial, más precisamente de la localidad de Ingeniero Juárez, con la excusa de que iban a recibir atención médica.
La Unidad Fiscal tomó conocimiento de que Palavecino, tras ser suspendido, ingresó –junto a una persona no identificada- a las oficinas de la obra social y se retiró con documentación. Una vez judicializado el hecho se allanó el domicilio del ahora procesado y se secuestraron cajas con archivos, entre los que se encontraban copias de DNI, listados de afiliados y facturas del hotel y expedientes originales de alojamiento de afiliados. El juez también ordenó el allanamiento del emprendimiento turístico y se decomisaron los libros de pasajeros.
Las primeras actuaciones recabadas por la UFI-PAMI revelaron la utilización de datos de afiliados fallecidos con anterioridad al supuesto hospedaje, que fueron abonados por el Instituto, y de otras personas de las comunidades que nunca habrían viajado a la ciudad de Formosa para recibir atención médica.
Ante tal situación, personal de la Unidad Fiscal realizó sendos viajes a la provincia de Formosa para colaborar con la titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia 1 de Formosa, Marisa Vázquez, y luego de analizar 176 expedientes de facturación de hospedaje -correspondientes al período comprendido entre los meses de enero de 2013 a diciembre de 2014- y realizar un entrecruzamiento con los datos del libro de pasajeros, pudo determinar la estafa por la cifra millonaria de $8.747.189, pues los registros eran ficticios.
Otra denuncia contra Fernández
La Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFIPAMI) denunció en otra oportunidad al exdirector de la UGL XXIII de Formosa, Víctor Fernández, al ex interventor del Departamento de Prestaciones Sociales de esa UGL, Ramón Rolando Palavecino, y al asesor jurídico Maximiliano López, quienes se habrían apoderado de unos 8 millones de pesos que debían ser destinados a afiliados al PAMI afectados por catástrofes naturales en las ciudades de Formosa, Clorinda y Tres Lagunas y subsidios de miniturismo y Prosar (auxilio para situaciones socio-sanitarias), durante entre 2010 y 2015.
El fiscal titular de la UFIPAMI, Javier Arzubi Calvo, detalló en su escrito presentado en la Fiscalía Federal 1 de la ciudad de Formosa que las maniobras consistían en retener una parte de los fondos, haciendo firmar a los beneficiarios un documento en blanco por solamente una parte del dinero.
Lo mismo hacían con el programa Auxiliar Gerontológico Domiciliario, que era adjudicado a personas que no requerían asistencia y por quienes no se formaban los expedientes administrativos correspondientes.
Fernández y Palavecino habrían sido quienes impartían las órdenes a dos de sus empleados de mayor confianza, quienes las hacían cumplir bajo amenaza a otros trabajadores de realizar actas de incumplimiento.
A su vez, eran los trabajadores sociales quienes debían firmar informes en los que se acreditaba la necesidad de que los afiliados recibieran los subsidios.
La misma operatoria se habría replicado en los auxilios económicos conocidos como PASU, que son los que se otorgan por orden del director ejecutivo en efectivo a pedido de cada beneficiario y obviamente cuando tenían una necesidad específica que no podían cubrir de ninguna otra forma.
Los ex funcionarios también habrían manipulado los fondos destinados a cinco centros de jubilados para miniturismo. Según la denuncia de la UFIPAMI, por cada 10 viajes hacia el circuito de la costanera de la ciudad de Formosa que se facturaban, solamente se concretaban dos en promedio.
De la investigación preliminar llevada a cabo por el equipo encabezado por el fiscal Arzubi Calvo, se estableció que los denunciados, abusando de sus funciones, habrían administrado ilegítimamente los fondos de la obra social nacional, apropiándose de los mismos para fines aún desconocidos, que debían ser aplicados para alcanzar los objetivos establecidos por el artículo 2 de la Ley 19032, de creación del INSSJyP, arrojando en consecuencia un perjuicio al PAMI de más de $8.000.000.
