Defensores del Pueblo solicitaron una reunión con la Superintendencia de Salud

Gialluca denunció que el Gobierno nacional ajusta en dos áreas altamente sensibles como la salud y educación, lo que hace peligrar que las obras sociales estatales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud, continúen trabajando en favor del colectivo de padres, niños y jóvenes con discapacidad.
El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, doctor José Leonardo Gialluca, informó que, otro de los puntos abordados en el III Plenario Anual de ADPRA llevado a cabo en Resistencia, Chaco, fue la propuesta de, “una urgente reunión con el actual titular de la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación a cargo del doctor Daniel Alejandro López, propuesta que fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de La Matanza y acompañada por los demás titulares de organismos de la Constitución”.
Es que, desde hace un tiempo a esta parte, venimos trabajando y gestionando intensamente en relación al colectivo de niños y jóvenes con discapacidad, donde las obras sociales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), no dan respuesta a las prestaciones de fonoaudiólogos, psicopedagogos, kinesiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, transportistas, por falta de pago y además por la no actualización del nomenclador nacional, a lo que se le suma el fuerte recorte por parte del Gobierno Nacional en el sector de salud, lo que repercute negativamente en padres de niños y jóvenes con discapacidad.
La situación se agrava más en las provincias del interior y empeora para aquellos que trabajan con obras sociales estatales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La realidad es desesperante porque se cortan terapias, transportes, clases junto a maestras integradoras y tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad y ayudan a su estimulación y desarrollo.
Como contraparte, los prestadores explican que los ajustes del Gobierno Nacional en salud y educación, llegan a unos $210.000 millones, de los cuales 50.000 millones corresponden a educación y 10.000 millones a salud, todo esto en sintonía con el acuerdo pactado con el FMI.
Todo esto se complicaría aún más, toda vez que las obras sociales están presionando para que se apruebe un DNU para que las prestaciones educativas dejen de depender de ellas y si esto sucede se va a complicar aún más todo el sistema, donde los niños con discapacidad precisan del transporte y acompañantes terapéuticos en el aula.
Se advirtió además que, el Estado nacional sale al rescate de los sindicatos que administran las cajas de las obras sociales y que estas últimas saldrían de la órbita de la Superintendencia de Salud y pasarían a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad que tiene financiamiento directo del Tesoro Nacional, lo cual, va a afectar a prestaciones esenciales tanto educativas, alimentarias, transportes y otras.