Defensores del Pueblo reclamaron que Economía financie el arreglo de rutas nacionales

Se planteó la opción de traspaso de las rutas nacionales a las provincias, pero con las partidas presupuestarias necesarias que permitan que sean transitables y seguras.

En la primera Reunión Plenaria de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina, llevada a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abordaron diversas temáticas, entre las que sobresalió el pedido al Ministerio de Economía de la Nación para que financie el arreglo de rutas nacionales, dado que el Gobierno nacional instruyó a la Dirección Nacional de Vialidad que cese con los trabajos.
El representante por la Defensoría del Pueblo de Formosa, Fernando Sosa fue quien en el plenario planteó la necesidad de que se vuelva a exigir al Gobierno nacional, más precisamente al Ministerio de Economía, para que se haga cargo de la reparación, mantenimiento y construcción de las rutas nacionales que actualmente se encuentran en un estado calamitoso.
Entre las opciones se evaluó la posibilidad de requerir el traspaso de las rutas nacionales a las provincias, con sus correspondientes partidas presupuestarias, punto que fue apoyado por todos los presentes a recordarse que las rutas nacionales son competencia exclusiva de la administración nacional y que es esta la que debe hacerse cargo de su mantenimiento.
Actualmente, la mayoría de las rutas están en pésimo estado, sumado a la falta de desmalezamiento, iluminación y otras obras complementarias, lo que viene originando permanentemente una situación de peligrosidad para quienes las transitan, además de producir un aumento histórico de siniestros viales, en trazas como la ruta N.º 11 que atraviesa a lo largo de 980 kilómetros a las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe.
En el plenario también se rechazaron las agresiones sufridas por los jubilados y menores de edad que en algunos casos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en las distintas marchas, instándose al Gobierno Nacional a respetar y garantizar el derecho a peticionar legítimamente sin hacer un uso abusivo y desproporcionado de la violencia.
Asimismo, se reiteró el pedido al Estado nacional por la designación del defensor del Pueblo de la Nación que se encuentra hace años vacante y solicitar a la Secretaría de Energía de Nación y al ENRE que brinden explicaciones a las faltas de respuestas a todas las Defensorías del Pueblo del país en cuanto a las graves deficiencias existentes, altos costos, falta de inversiones en la generación y en el transporte, así como la negativa a establecer una tarifa regional diferenciada para las provincias del Norte Grande.
Además, se abordó la solicitud del BCRA a todos los organismos de la Constitución para que remitan a través de ADPRA todos los casos de estafas virtuales que se hayan atendido, sin importar el estado de los mismos, ni si tuvieron resolución favorable, a fin de establecerse cuáles son las modalidades que se utilizan y de esta manera adoptar las medidas urgentes y efectivas para proteger a los usuarios financieros de la Agentina.
La problemática de las pensiones por discapacidad también fue objeto de análisis, toda vez que en las distintas jurisdicciones no se viene concretando con normalidad la entrega de las cartas documentos a los beneficiarios, lo que origina múltiples inconvenientes, concluyéndose, que el modo y la forma en cómo se están llevando adelante las auditorías médicas por la ANDIS tiene como principio general dar de baja la mayor cantidad de pensiones.