Con el apoyo del oficialismo y la UCR, el PRO volvió a convocar a una sesión para tratar Ficha Limpia

En Casa Rosada están en permanente contacto con los gobernadores para acordar una postura y una posible reunión, pero todavía no hay definiciones

Son horas decisivas para el Gobierno. En menos de cinco días finaliza el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y el presidente Javier Milei todavía no definió si va a convocar finalmente a extraordinarias para que se traten varios de los proyectos que todavía están en agenda.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vice del Interior, Lisandro Catalán, están en permanente contacto con los mandatarios provinciales de partidos aliados, mientras que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, conversa con los jefes de los bloques dialoguistas.
Uno de los temas principales en discusión es, como desde hace ya varias semanas, el Presupuesto del año que viene, que por el momento no consiguió los consensos necesarios como para ser aprobado en el recinto.
En este marco, el PRO impulsa, junto a las bancadas de La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, el MID y otros espacios más pequeños, el tratamiento de Ficha Limpia, que impediría a dirigentes con condenas en avanzado estado judicial presentarse a elecciones.
La iniciativa surgió en medio de la polémica por la ex presidenta Cristina Kirchner, que suena como posible candidata a diputada en el 2025, a pesar de que la Cámara de Casación ya confirmó una pena en su contra por presunta corrupción, como parte de la causa conocida como Vialidad.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes legislativas, Menem está por aprobar el pedido de sesión que realizaron los bloques interesados en votar este proyecto, que se realizaría el próximo jueves.
Además de este asunto, también se debatirán otras iniciativas del PRO, como las modificaciones en las leyes de reincidencia y reiterancia; la votación de los argentinos en el exterior, y el juicio penal en ausencia del imputado.
No obstante, el Gobierno no incluirá ninguno de esos textos en el temario de las sesiones extraordinarias, si es que termina convocándolas, por lo que la discusión de todas esas cuestiones en el Senado se postergará hasta el año que viene.
Las autoridades nacionales están conversando con los gobernadores para tomar una postura al respecto, ya que Milei no estaba totalmente convencido de prorrogar la labor parlamentaria e incluso no se definió que asuntos se incluirían.
De hecho, fuentes de ambas partes involucradas reconocieron a este medio que a los mandatarios provinciales “les conviene que no se apruebe el Presupuesto”, ya que de esa manera pueden negociar con la Casa Rosada la entrega de fondos de manera discrecional para las obras públicas en sus territorios y demás reclamos.
Tal como anticipó Infobae, el miércoles pasado, después de un zoom que mantuvieron con los jefes de los bloques en Diputados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, los gobernadores de Juntos por el Cambio le enviaron a la cúpula libertaria un pedido para reunirse y discutir el asunto en persona, pero no hubo respuesta.
Este lunes, Guillermo Francos y Lisandro Catalán seguían analizando con ellos un posible encuentro, que incluso podría realizarse de manera virtual, pero no había definiciones contundentes y todas las alternativas estaban sobre la mesa.
Si bien las provincias aceptan que prorrogar una vez más el Presupuesto del 2023 -que es el que se está utilizando ahora- puede beneficiarlos en cierto sentido, remarcan que “nadie cree que no le convenga al Gobierno” tener la denominada “ley de leyes” en este contexto favorable en los mercados.
Entre los puntos principales que reclaman, está la coparticipación de los excedentes en el Tesoro Nacional y de lo recaudado por algunos impuestos, además del pago de la deuda por las cajas previsionales, un conflicto que data desde hace más de dos décadas.
No obstante, la Casa Rosada insiste en que se respete en el proyecto el principio de “déficit cero”, por lo que se resiste a conceder los pedidos de los gobernadores, que representan cerca del 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y menos del 2% de los gastos totales previstos para el 2025.