Caso Yoli Corbalán: absolvieron a la cirujana plástica y al médico anestesista

Las pruebas reunidas a lo largo del proceso no permiten sostener con la certeza que exige una sentencia judicial, que el lamentable deceso de Noemí Yolanda Corbalán haya sido consecuencia de un obrar desaprensivo, resultándoles indiferente (dolo eventual) su muerte, ni tampoco derivada de una mala práctica atribuible a título de culpa, lo cual obliga a pronunciarse por la libre absolución de los médicos acusados.
La Cámara Segunda en lo Criminal de la provincia absolvió de culpa y cargo a la médica especialista en cirugía plástica y reparadora Georgia Marcela Martínez y al médico anestesiólogo  Román Civilotti, ambos llevados a juicio oral y público por la muerte de la odontóloga Noemí Yolanda Corbalán, ocurrida el 7 de noviembre de 2013 tras ser sometida a una cirugía de lipoaspiración abdominal en una clínica privada de esta capital.
La parte resolutiva de la sentencia judicial fue leída esta mañana en el edificio de Tribunales por la presidenta del Tribunal, María de los Ángeles Nicora Buryaile, en presencia de todas las partes del proceso: los acusados Martínez y Civilotti y sus respectivos abogados, Claudia Angeloni y Federico Acosta, la fiscal Norma Zaracho y la abogada patrocinante de la Querella, Claudia Corbalán.
Durante todo este tiempo, los dos profesionales de la medicina fueron investigados, procesados y juzgados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, pero a la luz de las pruebas reunidas a lo largo del litigio se concluyó que ni Martínez ni Civilotti cometieron delito ni antes, ni durante ni después de la operación a la que fue sometida Corbalán y de la que ambos estaban a cargo.
El  7 de noviembre de hace nueve años, la doctora  Corbalán concurrió en horas de la mañana a la Clínica Santa Lucía, donde la cirujana Martínez y un equipo médico, entre los que se encontraba el anestesista Civilotti, llevó adelante una  operación quirúrgica (lipoescultura abdominal) a la referida odontóloga, previo aplicarle anestesia raquídea. 
Luego de transcurrir 90 minutos la paciente sufrió hipoxia cerebral derivada de una hipotensión arterial severa (presión arterial baja), bradicardia extrema (frecuencia cardíaca disminuida) y paro respiratorio, que evolucionó en isquemia cerebral difusa (reducción del flujo sanguíneo cerebral), situación que después de transcurridos trece días, en fecha acarreó su muerte cuando estaba internada en el Hospital de Alta Complejidad. 
Tras una amplia y profusa investigación preliminar y un juicio oral que se desarrolló a lo largo de varias jornadas, no quedó demostrado que por  acción u omisión, ni Martínez ni Civilotti hayan desplegado una conducta antijurídica causalmente vinculada al fatal y doloroso desenlace acaecido. 
En el fallo judicial, que tiene 27 hojas, la jueza María Nicora Buryaile afirma en su voto -al que se adhirieron los jueces Arturo Lisandro Cabral y Alberto Ramón Sala- que el análisis retrospectivo a la luz del reproche formulado por la acusación particular, por el traslado de la paciente Noemí Yolanda Corbalán a la sala de tomografía, deviene invalidada a partir de la lógica justificación brindada en juicio por el indagado Civilotti, ocasión en la que contestó que el cuadro crítico atravesado genera ciertas hipótesis diagnósticas (embolia grasa, reflejo vasovagal), por lo que dentro de esos posibles eventos podría considerarse que haya ocurrido algo adentro del cráneo (ejemplo: sangrado), habida cuenta en gran porcentaje de la población, se puede tener malformaciones (aneurismas de cerebro), que podrían haber sido la causa de todos los fenómenos que se sucedieron, por lo que como norma, se trata de tener una imagen precoz del cerebro, lográndose un posible diagnóstico que constituiría información valiosísima, para los cuidados intensivos posteriores de la paciente. 
De tal explicación el Tribunal consideró que resulta fácil colegir que la conducta médica adoptada por Civilotti fue óptima, habida cuenta de que en su descargo también aclaró que decidió hacer dicho estudio en la Clínica Santa Lucía porque estaban esperando la logística (traslado), tenían los medios necesarios (tomógrafo) y porque estaba el técnico, a lo que el anestesista agregó que  el evento crítico pudo deberse a un reflejo vasovagal que es una respuesta exagerada del corazón ante una situación imprevista e inesperada y que ante tal cuadro, procedió conforme su experticia, haciendo todo lo necesario para salir del evento, remarcando en su exposición que en ningún momento de su constante intervención dejó de suministrar oxígeno a la paciente, accionar que quedó debidamente probado.
Por otra parte, el fallo hace notar que si bien el lamentable deceso de la paciente y la relación que la vinculó a los médicos inculpados Civilotti y Martinez se hallan acreditados (cirugía programada), no ocurre lo mismo respecto del nexo causal entre el actuar médico o asistencial y el deceso de la paciente, por no advertirse qué conducta era esperable de parte de los profesionales enjuiciados que no se hubiera cumplido oportuna o acabadamente y cuál la incidencia de la misma en la muerte de la paciente. “A este respecto, no se olvide que la existencia de la relación causal está necesariamente vinculada a la imputación que se hace al autor de las consecuencias de su hecho, descartándose a partir del debate cumplido que la práctica médica aplicada por los facultativos traídos a proceso, haya sido la causal determinante del deceso debido a un mal obrar de éstos, ni a título de culpa y menos aún de un obrar doloso”, afirma la sentencia de la Cámara Segunda en lo Criminal.

Ciencia de medios y no de resultados

La sentencia también explica que la bradicardia extrema acontecida es una complicación posible -aunque indeseable- de la intervención quirúrgica practicada, lo que no permite concluir en que los médicos hayan actuado sin la diligencia debida o con desaprensión (dolo eventual); máxime cuando el debate cumplido permitió esclarecer que tanto Civilotti como Martínez “realizaron las prácticas adecuadas a su arte o profesión, sin que la inesperada complicación pueda serles atribuidos en su producción. Ello importaría, colocar el riesgo de la intervención -el alea propio de la prestación médica- en cabeza de dichos profesionales, en lugar de tomarlo el paciente, como sucede habitualmente, conforme el tipo de contratación y la obligación comprometida”, enfatiza el fallo.
Tras asumir que se trata de un hecho intrínsecamente doloroso (deceso), sin que haya palabras para describir el intenso dolor que generó en el entorno más íntimo de la fallecida, también es cierto que los profesionales de la salud traídos a juicio, cuyos actos médicos -por acción u omisión- han sido cuestionados en este proceso, atravesaron situaciones difíciles, que eventualmente, podrían en el futuro afectar su ejercicio profesional.
Y a fuerza de ser reiterativa, la jueza Nicora Buryaile dice en su voto que resulta atinado señalar, “en modo que pueda ser entendido por todo ciudadano, que de ninguna de las pruebas reunidas en este largo y complejo proceso me habilitan a inferir que existió por parte de los acusados Civilotti y Martinez un obrar doloso ni culposo en relación a la muerte de Noemí Yolanda Corbalán, por cuanto ha quedado absolutamente claro con el debate cumplido, que ninguno de los nombrados facultativos actuó con indiferencia en el resultado (dolo eventual), pues como bien lo adelantara la fiscal de Cámara al exponer su conclusión final, la medicina es considerada una ciencia de medios y no de resultados”.
Finalmente, la sentencia judicial sostiene que el estado de inocencia del que gozan los acusados (Martínez y Civilotti) solo puede destruirse mediante pruebas regularmente producidas en la causa que lleven a la certeza positiva respecto a la totalidad de los elementos descriptos en la acusación particular, situación no acontecida en el caso, por cuando cuanto las pruebas valoradas no permiten sostener - con la certeza que la etapa exige - que el lamentable deceso de Noemí Yolanda Corbalán, haya sido consecuencia de un obrar desaprensivo, resultándoles indiferente (dolo eventual) su muerte, ni tampoco consecuencia de una mala práctica atribuible a título de culpa, lo cual obliga a pronunciarse por la libre absolución de los médicos inculpados, en orden al delito por el que fueran acusados.