Alberto Fernández reflotó la idea de una empresa estatal para ordenar el mercado de granos

En una extensa entrevista el presidente dijo que “en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir”. Y dijo que en el caso de la agroexportadora santafesina la situación cambió y “ahora hay un escenario donde podemos hacer algo”.

En una entrevista con Página/12, el presidente Alberto Fernández volvió a mencionar la posibilidad de crear una empresa testigo para ordenar el mercado de comercialización de granos y de alimentos en general. Y mencionó específicamente que si bien en 2020 finalmente descartó la estatización, porque –según explicó- “le hubiera hecho un favor a los acreedores, no a la Argentina”, el Gobierno siguió trabajando “y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquel”.
Los entrevistadores le preguntaron si sería posible “pensar en una empresa pública de alimentos” y el presidente respondió planteando: “La Argentina tiene que repensar su estructura en materia alimentaria, así como en el tema de comercialización de cereales. Les doy un ejemplo: el gas en boca de pozo lo estamos pagando USD 3,40 (el millón de BTU), y en EE. UU. está a 6,50. Eso es el resultado, en gran medida, de que esté YPF en manos del Estado. Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor”.
Planteó así nuevamente a YPF como posible vehículo de la intervención estatal. En el primer intento, había sido específicamente a través de YPF Agro.
“Ahora, nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas”, prosiguió el presidente. “No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa Vicentin la descarté, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, Sin embargo, continuó, “en el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido (mediante la suspensión del proceso de convocatoria) y se podría dar la posibilidad de cramdown (propuesta de solución de la deuda de los principales acreedores principales, incluido el Banco Nación), yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de expropiemos empresas de cualquier modo porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”.
En ese contexto, dijo Alberto Fernández, “el Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”.

Desde el primer día

El presidente subrayó además que avanzar en esa alternativa fue “la decisión que tuve el primer día”. Así lo explicó: “Cuando me metí, en 2020, con la intervención, pero con mucha interferencia del juez de la convocatoria. Entonces vi que podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable. Por eso retrocedí. Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquel”.
Según el presidente, un problema que encontró en su intento anterior fue que Vicentin fue convertido “en un problema ideológico, y no es un problema ideológico, es un problema de oportunidad”.

Críticas a empresarios

El presidente dijo también que “hay un sector del empresariado argentino que no tiene ningún criterio de solidaridad con la comunidad”, algo que consideró “muy grave, porque no es una burguesía nacional que ata su suerte al lugar donde se desarrolla. Siento que hay una parte de ese empresariado que está desacoplado. Y expresiones como la de Federico Braun, que indignan, molestan, dañan, son una expresión franca de lo que ellos hacen”.
Según el presidente, “son empresas que han tenido resultados extraordinarios en los últimos años y que no necesitan subir los precios del modo que lo suben para ganar. Sin embargo, lo hacen. Ahí empieza la segunda discusión: qué hace el Estado para parar eso. Es una cosa muy compleja pararlo. Alguien de Arcor me decía, hace pocos días, que sus productos llegan a 400 mil bocas de expendio. ¿Cómo hacemos para controlar eso?”.
Aunque el presidente reconoció que “es muy difícil fijar un precio único sobre un producto” y llamó a hacer un esfuerzo para detener la inflación, señaló a su vez “el diálogo no funciona, pero los sistemas de fijación de precios tampoco funcionan”.
“En la Argentina hay dos presidentes que aplicaron la Ley de Abastecimiento: Perón y yo. He aplicado multas a diestra y siniestra, y no pararon los aumentos. El mecanismo tiene que ser buscar el consenso. Estamos en una guerra, ellos están ganando demasiado y eso le hace padecer a la gente. No pretendo que pierdan, pero pongamos un límite a su utilidad, vendiendo el producto a un precio acorde con que el consumidor final no pierda tanto”.
Algo que atribuyó a la difusión de “cierta cultura del individualismo”.

Y con la leche también

Apuntó también al caso de la leche. “Que en Argentina haya una gran empresa láctea, que concentra muchísimo el mercado lácteo, es la consecuencia de que hubo una época en que se cerraron 27.000 tambos en Argentina. El resultado es la concentración. Y que la leche se traslade irracionalmente cientos de kilómetros desde donde se produce, hasta donde se pasteuriza y luego hasta donde se consume, es irracional. Lo que tendríamos que estar trabajando, y lo estamos intentando, es en un proceso que empiece a romper esas lógicas oligopólicas”.
El presidente reconoció el acuciante problema de la inflación. “No podemos convivir ni con esta inflación, ni con este déficit fiscal. Hay momentos en donde tenés que caer en el déficit fiscal y es virtuoso, pero hay momentos donde tenés que salir para que la economía avance”.
En otro pasaje de la extensa entrevista se refirió a los planes sociales y reconoció que hay problemas en la intermediación. “El problema es que los planes sociales no se conviertan en una caja de la política, que es una situación que parece darse en algunos casos. Juan Zabaleta (el ministro de Desarrollo Social) ha recibido un montón de denuncias de personas que dicen que se quedan con una parte de su asignación y eso no está bien. Tiene que terminar”.
Respecto al caso del avión venezolano-iraní dijo que se trata de “un hecho muy simple: hay sanciones económicas a las empresas que le carguen nafta a ese avión y por eso el avión no se va. El juez ha rechazado un habeas corpus diciendo que no puede hacer lugar a eso porque no hay ninguna restricción a la libertad de ninguno de los tripulantes. Nadie los está requiriendo en el mundo. El juez usa ese argumento y termina diciendo: si alguien le pone nafta, que se vaya. Eso es todo. Pasa que después viene la política miserable de siempre y le hace creer a los argentinos que tenemos un pacto venezolano iraní”.