1930: un golpe de estado, un Horacio Rodríguez Larreta y una mano de la CSJN

Por Daniel Esteban Majda y Lorenzo Natalio Traghetti Espacio Causa Provincial

Las manifestaciones recientes del precandidato a presidente de la Nación Argentina, el unitario porteño don Horacio Rodriguez Larreta y su séquito provincial, en el sentido que anhelan una mano de la CSJN para esas próximas elecciones como quien frota una lampara a la espera del genio que haga un milagro, traen a nuestra memoria el Golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen el 06 de septiembre de 1930.
Así se dio inicio a lo que en historia política se denominó “Década Infame” y en el ámbito jurídico académico se recuerdan sus consecuencias inmediatas con la famosa elaboración de la “Doctrina de los Gobiernos de Facto” mediante el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalida los golpes de estado emitiendo una acordada en la que reivindica y legitima estos gobiernos que básicamente buscaron impedir que la Unión Cívica Radical pudiera volver al gobierno, mediante proscripciones y fraude electoral. 
Sus causas y consecuencias económicas las reivindica el revisionismo histórico (tenían fuerte olor a Petróleo con el contrato con la Luyamtorg implicaba un desalojo total de las compañías extranjeras, principalmente la Standard Oil, fuerte intereses de los terratenientes ante el impulso de la nueva de ley de arrendamiento rural, los intereses de los nacientes medios de comunicación ante la discusión de la ley de radiodifusión, siguieron luego los monopolios de las exportaciones de carnes para las empresas inglesas, creación del Banco Central de la República Argentina bajo control de los capitales y bancos británicos, concesión de todos los medios de transporte público de la ciudad de Buenos Aires, etcétera). 
Esta doctrina de la CSJN fue justificada (entre otras razones) sosteniendo que el gobierno de facto se encontraba en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas. Los miembros de aquella Corte Suprema que emitieron la Acordada del 10 de septiembre de 1930 fueron; José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna, en tanto que el Procurador General fue un tal Horacio Rodríguez Larreta (tío bisabuelo de nuestro actual unitario soñador). 
Este Radicalismo (UCR) otrora víctima del golpe de Estado del 30¨ que lo despoja de un gobierno de corte netamente Nacional y Popular, es el mismo que ahora recurre, apelando a la memoria de épocas “NEFASTAS” del pasado y de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, para intentar nuevamente avasallar lo que el Pueblo de Formosa voto y aprobó para su propia Constitución Federal. 
No es la primera vez que el conservadurismo utiliza las instituciones de la República para perseguir y proscribir a las expresiones del movimiento nacional cuando no puede ganarles con el voto. El radicalismo tiene una larga tradición de resistencia contra estos sectores corporativos que no solo parece haber olvidado la historia sino que acompaña estas acciones en el presente, manifestados hoy a través de los fallos de la Corte y de la acciones políticas de los renovados unitarios porteños (Bullrich, Rodríguez Larreta, Macri, etcétera), véase si no el mejor ejemplo encarnado en la modificación del índice de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires a expensas del resto de las provincias Argentinas.
La Corte Suprema encargada de proteger la Constitución y el estado de derecho, respaldó el golpe de estado de manera sorprendente. Este aval fue un acto lamentable que socavó la independencia del poder judicial y debilitó aún más las instituciones democráticas del país. En lugar de proteger la democracia y la Constitución, la Corte Suprema apoyó una intervención militar ilegítima lo que evidenció su falta de compromiso con los principios democráticos. En respuesta a estos hechos históricos el radicalismo liderado por Yrigoyen llevó a cabo acciones de resistencia. Sin embargo, muchos líderes y militantes radicales fueron encarcelados, perseguidos o exiliados, lo que suprimió la capacidad de respuesta del radicalismo y restringió aún más las libertades políticas y civiles en el país. El propio Hipólito Yrigoyen fue arrestado y encarcelado, lo mismos sucedió con Lisandro de la Torre, Arturo Jauretche. 
De esta expresión del radicalismo venimos, vamos a seguir defendiendo el orden institucional, la autonomía provincial, el derecho a resistir y defender nuestra Constitución Provincial, en tanto solo el Pueblo de Formosa tiene el derecho soberano de sostenerla o modificarla.